Asociaciones automotrices se oponen a autos chocolate

Asociaciones automotrices se oponen a autos chocolate

Asociaciones automotrices se oponen al empadronamiento y colocación de engomados a vehículos ilegales en Tamaulipas.
Tanto la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA), rechazaron estas medidas y solicitaron a las autoridades locales y federales detener estas prácticas.

En un comunicado, ambos organismos señalaron que el gobierno de Tamaulipas y su Congreso pretenden otorgar engomados a los vehículos internados ilegalmente, mejor conocidos como ‘chuecos’ o ‘chocolate’ que circulan por esa entidad de manera irregular.
Advirtieron que esa acción viola la Constitución, leyes aduaneras, de normalización y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior, por lo que “rechazan completamente esta medida y demandan que el gobierno de Tamaulipas cumpla con los compromisos vigentes que firmó en 2015 y 2016 con el gobierno federal para acabar con este problema y no alentarlo”.

Asociaciones automotrices piden a las autoridades no ser negligentes

Dentro del documento publicado en conjunto, el director general adjunto de AMDA, Guillermo Rosales, explicó que se trata de una medida engañosa y recaudatoria que pretende recabar datos de los poseedores de vehículos ilegales a cambio de un engomado, que en ningún momento es equiparable con una medida de legalización, por lo que la estancia de estos vehículos en el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta.
Por otro lado, el presidente de la AMIA, Eduardo Solís, calificó de insostenible la justificación de la medida por parte del gobierno de Tamaulipas, de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos, ante lo que consideró la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la internación y comercialización de vehículos “chuecos”.
Por lo anterior, ambas organizaciones han solicitado a las autoridades hacendarias del país que intervengan en el alcance de sus facultades para detener un acto que han calificado como engañoso y daña a la industria nacional.


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